Prevención del blanqueo de capitalesgrupoexperts.es/prevencion_del_blanqueo · Ley 10/2010
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Una agencia inmobiliaria es sujeto obligado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Eso significa que la ley
nos obliga a hacer con usted una serie de comprobaciones que no dependen de nuestra voluntad ni de
la confianza que le tengamos. Esta página explica cuáles son, por qué se las pedimos y qué hacemos
después con lo que nos entrega.
1. Qué le vamos a pedir, y cuándo
- Su documento de identidad en vigor, del que tomamos copia. No vale una fotocopia
caducada ni el número apuntado a mano: la ley exige documento fehaciente.
- Si contrata una sociedad, además: la escritura, el poder de quien firma y la identidad de
la persona física que está detrás, es decir, quien posee o controla más del 25 % del capital
o de los derechos de voto, o quien ejerce el control por otra vía.
- El propósito de la operación y, cuando corresponda, el origen de los fondos: de
dónde sale el dinero con el que se compra. Ahorro, venta de otro inmueble, préstamo hipotecario,
donación, herencia.
- Si usted es o ha sido cargo público, o lo es un familiar próximo o una persona allegada.
No es una sospecha: la ley obliga a preguntarlo a todo el mundo.
- Su residencia fiscal.
Todo esto se le pide antes de establecer la relación de negocios y antes de que entregue
cantidad alguna a cuenta. Si la comprobación no puede completarse, la Agencia no puede
continuar con la operación: no es una decisión comercial, es el artículo 7.3 de esa ley.
2. Cómo se paga, y qué no admitimos
La Agencia no admite pagos en efectivo ni intermedia entregas en
metálico, cualquiera que sea su importe, y exige que todo pago salga de una cuenta abierta a
nombre del pagador en la Unión Europea o en un tercer país con normativa equivalente. Es una
política más estricta que la ley, y es deliberada.
Como referencia, el artículo 7 de la Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo a 1.000 €
cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional, y a 10.000 € cuando el
pagador es una persona física que acredita no tener su domicilio fiscal en España y no actúa como
empresario o profesional. Los justificantes de los pagos se conservan cinco años.
3. La estafa del cambio de cuenta
Es el fraude más frecuente en una compraventa: alguien se interpone en el
correo electrónico, imita nuestro membrete y le comunica que «ha cambiado el número de cuenta».
La Agencia nunca le comunicará ni modificará un número de cuenta por correo electrónico sin
confirmárselo antes por teléfono. Ante cualquier mensaje de ese tipo, aunque parezca nuestro,
llame al 987 413 906 antes de ordenar transferencia alguna. Esta regla figura además en las Condiciones
Generales de todos nuestros contratos, y obliga a las dos partes.
4. Qué hacemos con lo que nos entrega
- Se trata solo para cumplir esta ley. No se utiliza para vender, ni para ofrecerle nada,
ni se cruza con otros ficheros.
- Se conserva diez años, que es el plazo que impone el artículo 25 de la Ley 10/2010, y
después se destruye.
- No se comunica a nadie, salvo al SEPBLAC y a las autoridades con competencia en esta
materia cuando la ley lo exija.
- La clasificación de riesgo que la normativa obliga a asignar a cada cliente la decide
una persona y queda motivada por escrito. No hay ningún sistema automático que decida sobre
usted.
5. Sus derechos en este tratamiento concreto
Aquí la ley de prevención del blanqueo introduce reglas propias, distintas de las del resto de la
política de privacidad, y conviene entenderlas:
- No se le pide consentimiento, porque el tratamiento se ampara en el cumplimiento de una
obligación legal. Negarse a facilitar los datos no impide el tratamiento: impide la
operación.
- Sobre los datos de identificación y diligencia debida —su documento, su residencia
fiscal, el titular real, el propósito de la operación— puede usted ejercer sus derechos con los
límites que la propia ley establece, dirigiéndose a ceo@grupoexperts.es.
- Sobre el análisis interno de las operaciones y las comunicaciones a las autoridades,
no procede la atención de los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679,
conforme al artículo 32 de la Ley 10/2010 en relación con el artículo 23 del propio Reglamento.
- Y la ley prohíbe a la Agencia revelar a un cliente, o a un tercero, si se ha efectuado o
no una comunicación a las autoridades, y hasta que se está examinando una operación. Si alguna vez
no obtiene respuesta a una pregunta de este tipo, no es descortesía: es el artículo 24 de esa
ley.
6. Lo que esto NO significa
Que le pidamos el origen de los fondos no quiere decir que sospechemos de usted. Se lo pedimos a
todo el mundo, igual que el documento de identidad, y por la misma razón: porque la ley nos obliga
y porque no hacerlo nos expone a una sanción. Un expediente completo es también su garantía: es lo
que permite que la operación llegue a notaría sin sobresaltos.
7. Delegado de Protección de Datos y reclamaciones
Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Agencia: PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U., N.I.F. B17962655 — dpd.cliente@conversia.es — tel. 872 987 665. Y si considera que sus
datos no han sido tratados correctamente, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos, www.aepd.es.
